Novedades en materia energética incluidas en el Acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado 2019

Los Presupuestos Generales del Estado 2019, PGE en adelante, en trámites de ser aprobados o tirados por la borda, pretenden introducir cambios en el sector energético nacional.

Estos junto a al Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, suponen un giro y una renovación del actual mercado de las energías.

Volvíamos de las vacaciones estivales en septiembre con una subida de luz y de otros servicios que afectan directamente a la sociedad como la alimentación o los carburantes, para el Gobierno esto “constituye una de las prioridades que deben afrontarse”. Es por ello que se establecen una serie de medidas para la transición energética dentro del Acuerdo de los PGE 2019 cuyo objetivo principal es conseguir un modelo  “100% renovable y fiable”.

Debido a la urgencia en la aplicación de dichas medidas el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Establecer un modelo energético descarbonizado, fomentar el autoconsumo, cubrir con fuentes renovables en mayor medida la demanda de energía, empoderar a los consumidores incorporando medidas que los protejan frente a los vaivenes del mercado o promocionar la movilidad eléctrica son algunas de las cuestiones que el Gobierno propone para renovar el sector.

Reforma estructural del sistema eléctrico

Una de las novedades que incluyen los PGE es la eliminación de la sobrerretribución también conocida como los “beneficios caídos del cielo” (windfall profit). Se trata de un ingreso extra que consiguen las energías hidráulicas y nucleares incrementando así sus beneficios. Esta sobrerretribución afecta a centrales instauradas en otras condiciones antes de la liberalización del mercado y se explica de la siguiente forma.

La hidráulica y la nuclear son energías que siempre entran en el mercado mayorista o pool al ser las que tiene unos costes de producción más bajos. El problema es que si la demanda energética es mayor que la generación de estas se necesita que entren otras energías en el mercado para cubrirla. El último precio al que entra un tipo de energía establece la retribución que obtendrán el esto de producciones.

En el caso de la hidráulica y la nuclear cuando la demanda de energía es elevada sus ingresos también se ven aumentados puesto que sus costes de producción son menores. La solución que se propone para acabar con el windfall profit es “establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. La diferencia entre el precio de mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico que será destinado directamente a abaratar la factura de la luz a todos los consumidores”.

También se prevé una modificación de la factura eléctrica para conseguir reducir el término de potencia. Es decir, que este se regule en función de la energía consumida “de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros kW/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética”.

Actuaciones contra la pobreza energética

Para resolver las cuestiones derivadas de los consumidores que presentan dificultades para hacer frente a sus facturas de energía se pretende presentar a corto plazo una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Además se prevén modificaciones del actual bono social y la creación de un bono social gasista destinado a proporcionar ayudas en materia de calefacción, agua sanitaria caliente o cocina destinado a aquellos consumidores vulnerables que ya disponen del bono social.

Entre los cambios que se introducirán en el bono social destaca la prohibición de cortar el suministro eléctrico en aquellos hogares donde se encuentren menores de 16 años o alguno de los miembros tenga reconocido el grado II o III de independencia. También se facilitará la tramitación y el acceso al mismo permitiendo la posibilidad de beneficiarse de él sin importar la comercializadora contratada ya sea privada o municipal.

En esta línea de proteger a los consumidores se incluye la prohibición a las comercializadoras de contratación de sus productos mediante el método conocido como “puerta a puerta”, es decir, a partir de visitas a los domicilios para así evitar posibles fraudes al usuario derivados de estas prácticas.

Favorecer el autoconsumo eléctrico

Hace unos días dedicamos unos de nuestros artículos a contaros las reformas en materia de autoconsumo que se planteaban. Desde luego la más atractiva es la eliminación del engorroso «impuesto al sol», un peaje que gravaba la producción y autoconsumo de energía en determinadas instalaciones.

El Gobierno pronostica que “la implantación del autoconsumo renovable permitirá disminuir la factura energética con carácter inmediato a los consumidores que lo instalen y, adicionalmente, descongestionará la demanda de energía en el mercado mayorista, contribuyendo de esta manera a una contención y disminución de precios en el mercado mayorista de energía eléctrica, a una mejora de las condiciones ambientales y a una reducción de la importación de hidrocarburos que redundará en una mejora de la balanza de pagos”.

Incentivar las inversiones en renovables y el vehículo eléctrico

Uno de lo pasos a dar en la consecución de un modelo energético sostenible y descarbonizado sería aumentar la generación de energía proveniente de fuentes renovables. Para ello se propone incentivar las inversiones en energías limpias, el abaratamiento de los costes de las tecnologías necesarias y la colaboración con ayuntamientos para promover las comercializadoras municipales, entre otras cuestiones a abordar.

Por otro lado se contempla la idea de establecer un programa de ayudas económicas para incentivar la compra de vehículos eléctricos así como aumentar la instalación de estaciones de carga, escasas hasta el momento.

Estas son algunas de las novedades con las que se pretende mejorar el sistema energético nacional y encaminarlo hacia la eficiencia energética.

Todas las propuestas se centran en la lucha contra el cambio climático teniendo como objetivo implantar un modelo de producción energético sostenible donde el consumidor supone una pieza fundamental tanto a la hora de producir su propia energía mediante el autoconsumo eléctrico y donde toda la ciudadanía tenga acceso a un bien cada vez más imprescindible para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, iluminación o climatización.

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