La pobreza energética, ¿qué nos propone el gobierno para este 2019?

La pobreza energética es una situación que afecta a 1,8 millones de españoles y que implica cierta dificultad para hacer frente a las facturas derivadas de los suministros energéticos, acentuándose en los meses de invierno.
La pobreza energética, ¿qué nos propone el gobierno para este 2019?

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Los niveles de desempleo y pobreza empeorados por la crisis económica han supuesto un duro golpe para la equidad social —en lo que al acceso a la energía se refiere— y, en definitiva, para todas las familias españolas que cada mes afrontan el duro reto de pagar sus facturas energéticas con un sueldo que resulta insuficiente.

¿Qué es la pobreza energética?

La pobreza energética es un término que se refiere a la dificultad que experimentan muchos hogares a la hora de pagar sus facturas energéticas con los ingresos de los que disponen sus miembros. Por eso, si se sufre pobreza energética, resulta muy complicado o directamente imposible satisfacer las necesidades energéticas.

Sin embargo, el concepto de pobreza energética cambia dependiendo de si hablamos de hogares en países desarrollados o de aquellos en países en vías de desarrollo. En el caso de los primeros, la pobreza energética se refiere —como ya hemos dicho— a una imposibilidad de pago o a tener que destinar una parte de nuestros ingresos demasiado alta para hacer frente a las facturas. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, la pobreza energética representa la dificultad del acceso mismo a dicha energía.

La pobreza energética no es lo mismo que la pobreza; sin embargo, ser víctima de este primer fenómeno puede significar un paso más hacia una situación de exclusión social. Por ello, el Estado debe otorgarle a la pobreza energética toda la importancia y la atención que merece; es una problemática relativamente nueva pero que afecta a una parte muy importante de la población española.

Normalmente la pobreza energética se asocia directamente con la falta de energía para sustentar un sistema de calefacción que nos permita aguantar los meses más fríos con un nivel de bienestar térmico mínimo. Sin embargo, la pobreza energética también incluye la alimentación de electrodomésticos tan básicos en la actualidad como puede ser el frigorífico o poder disponer de agua caliente.

La pobreza energética en España

En España, una de cada 10 personas son víctimas de la pobreza energética. Según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción, desde finales de la década de 1990 el coste de la factura de la luz ha aumentado en un 70 %. Por si no fuese suficiente, en la recta final de 2017, dicho coste subió en más 10 euros.

Si tomamos como referencia los datos energéticos europeos, la electricidad y el gas son por norma más caros en España, de modo que en 2016 el gas natural y la luz tuvieron un precio un 123,07 y un 140,68 % superiores respectivamente que la media de la Comunidad Europea. Y siguiendo en la misma línea, si en 2016 el 8,7 % de europeos se encontraban cercanos a una situación de vulnerabilidad energética, en España ese porcentaje era del 10,1 %.

Además, la pobreza energética como causa de mortalidad llegó a superar en España a los accidentes de tráfico. Así lo demostró la Asociación de Ciencias Ambientales en el estudio llamado «Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis». Este estudio arrojó datos tales como que la media de víctimas de accidentes de tráfico fue de 4.082 entre 1996 y 2014, mientras que la pobreza energética es responsable de 7.100 muertes al año.

En toda la península ibérica, la comunidad que sufre en mayor medida los estragos de la pobreza energética es Castilla-La Mancha, con un 20 % de habitantes en situación de vulnerabilidad energética.

Medidas de cara al año nuevo

De cara a la creciente necesidad de un panorama energético descarbonizado y sostenible, sumado a la considerable amenaza para el bienestar de todos los ciudadanos que supone la pobreza energética, el Gobierno de España publicó el pasado mes de octubre el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Entre las medidas de este decreto encontramos la eliminación del impuesto del 7 % a la generación de energía eléctrica durante seis meses y una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos que tiene como objetivo de hacer desaparecer el céntimo verde, aquel que a pesar de ser un impuesto aplicado al gas natural, termina inflando los precios finales de la electricidad. Estas medidas podrían suponer una rebaja en la factura del último cuatrimestre de 6,2 € para un hogar con un consumo anual moderado y de unos 8,5 € para aquel con un consumo de kWh superior.

Para hacer frente a la pobreza energética también se amplía la cobertura de las prestaciones del bono social, de modo que se impide cortar el suministro energético de aquellos hogares que estén acogidos a dicho bono y cuenten en la familia con un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o más o aquella con una dependencia de grado II y III.

Además, aquellos que ya dispongan de esta ayuda, también disponen del bono social térmico. Gracias a este bono, los hogares podrán hacer frente a los costes de la calefacción y el agua caliente, una de las principales preocupaciones de aquellos hogares al borde la pobreza energética.

La pobreza energética es un fenómeno muy serio que afecta a miles de familias pero, por suerte, existen medidas y políticas —como el bono social— con el que podemos hacer frente a los peligros que supone no poder afrontar el pago de las facturas energéticas.